Día Internacional de la Mujer Rural: Reflexiones sobre injusticias y oportunidades

Autor: Mirta Lerchundy y Jaime Sáez
martes, 20 de octubre de 2015

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A diferencia de las conmemoraciones del 8 de marzo, aquí no abundan las manifestaciones callejeras, ni la protesta ante un patriarcado indolente y violento. No obstante aquello, la gran capacidad de lucha y la esperanza que genera el creciente número de organizaciones de mujeres campesinas y rurales, permite romper el cerco de la invisibilización de las realidades que las afectan y sus problemáticas, como la violencia intrafamiliar, violencia sexual, carencias en el acceso a oportunidades de educación, como también la falta de reconocimiento a su importancia en el tejido económico, lo que implica una deuda por parte del Estado y la sociedad en su conjunto.

Desde el año 2008, Naciones Unidas conmemora, cada 15 de octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural. Se reconoce así el inestimable valor que tiene la contribución de las mujeres rurales al desarrollo de la humanidad, siendo ellas un cuarto de la población mundial.

Sin embargo, a diferencia de las conmemoraciones del 8 de marzo, aquí no abundan las manifestaciones callejeras, ni la protesta ante un patriarcado indolente y violento. No obstante aquello, la gran capacidad de lucha y la esperanza que genera el creciente número de organizaciones de mujeres campesinas y rurales, permite romper el cerco de la invisibilización de las realidades que las afectan y sus problemáticas, como la violencia intrafamiliar, violencia sexual, carencias en el acceso a oportunidades de educación, como también la falta de reconocimiento a su importancia en el tejido económico, lo que implica una deuda por parte del Estado y la sociedad en su conjunto.

Como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada múltiples aspectos de la pobreza y el abandono. Pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. En el caso de nuestro país, tampoco existe un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.

Las estructuras patriarcales, junto a normas sociales discriminatorias limitan el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres hacia empleos asalariados, como ocurre en el sur de Chile con la salmonicultura o la industria forestal. ONU Mujeres señala que mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas.

Desde esta perspectiva, el mundo rural, especialmente en sus áreas más marginadas y alejadas del apoyo estatal, necesitamos medidas para aliviar la carga del cuidado y redistribuirla mejor entre mujeres y hombres. También necesitamos abogar por servicios e infraestructuras básicas suficientes (agua, salud, electricidad, etc.) para apoyar el trabajo doméstico y de cuidados productivo y no remunerado de las mujeres, que se ve agravado por la crisis suscitada por la pandemia del COVID-19.

En Chile, el Estado, a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), atiende mediante sus programas regulares a más de 143.000 usuarios de los cuales, aproximadamente 62.000 son mujeres (43%). De ellas, el 92% recibe asistencia técnica; 75% recibió subsidio a la inversión; y el 24% obtuvo créditos.

Asimismo, programas como el convenio INDAP-PRODEMU, en sus más de 20 años de funcionamiento, ha permitido insertar a más de 35.000 mujeres en diversos tipos de emprendimientos, contemplando además, aspectos como la autonomía física y económica, empoderamiento, liderazgo y seguimiento políticas públicas. Junto a lo anterior, es preciso destacar el trabajo consistente de ANAMURI, organización que desde la sociedad civil ha contribuido significativamente al desarrollo de las mujeres rurales e indígenas, promoviendo la organización de base y el empoderamiento femenino a partir de una perspectiva de fortalecimiento del trabajo colectivo.

Estos avances, deben ser un aliciente para empujar con mayor fuerza programas y recursos permanentes que contribuyan al bienestar y emancipación de las mujeres rurales en nuestro país. Se trata de una responsabilidad ineludible y un acto de justicia de máxima importancia.

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